Mientras Giuliano Galoppo intenta afirmarse futbolísticamente en River bajo la conducción de Marcelo Gallardo, el mediocampista también atraviesa un frente abierto fuera de la cancha. Se trata del conflicto legal que mantiene con su ex representante, Leandro Escudero, un caso que tuvo resolución de la FIFA en diciembre pero que ahora ingresó en una nueva etapa tras la presentación de una apelación formal.

La disputa llegó a la Comisión Disciplinaria de la Federación Internacional, que a fines del año pasado dictó sentencia y obligó al futbolista a abonar una suma global superior a los 350 mil dólares. El fallo, que se conoció públicamente en los últimos días, ratificó lo resuelto previamente por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), que en primera instancia había fallado a favor del empresario.

Según la decisión firmada por Robert Hadad, integrante del Comité Disciplinario, Galoppo debía afrontar distintos conceptos económicos: 360.000 pesos con intereses del 12% anual acumulados desde marzo de 2021; otros 4.477.000 pesos con la misma tasa desde marzo de 2022; y 530 mil dólares ajustados por ese índice desde agosto de 2022. Además, la resolución incluyó el pago de 5.000 francos suizos en concepto administrativo.

El documento también estableció un plazo límite de 30 días para cumplir con el pago total y advirtió que, en caso de incumplimiento, el demandado podría ser sancionado con la prohibición de ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol por un período máximo de seis meses, hasta saldar la deuda.

Sin embargo, desde el entorno del jugador confirmaron que esa sentencia no quedó firme. Galoppo presentó ante el tribunal de apelaciones de la FIFA un pedido de revisión de las sumas exigidas, lo que dejó el fallo en suspenso y reabrió el expediente. Esta presentación, explicaron, frena los plazos de ejecución hasta que exista una resolución definitiva.

En términos prácticos, mientras el “martillo” no baje de manera final, el tiempo para el pago no corre y tampoco se activa ninguna sanción deportiva. Por eso, al menos en el corto plazo, el mediocampista puede continuar entrenándose y jugando sin restricciones reglamentarias en River, a la espera de una nueva decisión que cierre de manera definitiva un conflicto que lleva varios años en los escritorios.